Que los que fueran condenados por cohecho, malversación, y cualquier lindeza de este tipo, no sufrieran la surrealista inhabiliatición temporal... sino permanente, para ocupar cargo público, no estaría demás.
Y esto se debería hacer extensivo a jueces y en general a cualquier empleado público, independientemente de la importancia de su cargo.
Pero claro, cómo va a suceder semejante cosa en el país de la picaresca (junto con Italia, y allí están peor aún), si aquí se desconoce lo que significa un término como "dimisión"; estas cosas sólo suceden en los paises serios, ¿no?.
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